AUSTIN, Texas — La American Civil Liberties Union, la ACLU de Texas y el Texas Civil Rights Project presentaron hoy una demanda impugnando el Proyecto de Ley cuatro (S.B.4) del Senado estatal de Texas, que permitiría a las autoridades locales y estatales arrestar y detener a personas que sospechen que han ingresado a Texas desde otro país sin autorización federal.
También autorizará a los jueces de Texas —– que no están capacitados en leyes migratorias y no tienen la autoridad adecuada para hacerlas cumplir– a ordenar la deportación de una persona sin el debido procedimiento legal y antes de que tenga la oportunidad de buscar protección humanitaria.
La demanda afirma que S.B. 4 es inconstitucional, argumentando que la legislación no puede sobrepasar a la ley federal. La parte demandante que intenta impugnar la ley se compone por Las Americas Immigrant Advocacy Center, American Gateways, y el Condado de El Paso, Texas. El gobernador Greg Abbott promulgó el proyecto de ley el lunes. Si la corte no lo obstaculiza, entrará en efecto el 5 de marzo de 2024.
“Estamos demandando para bloquear uno de los proyectos de ley más extremadamente anti inmigrantes del país”, dijo Adriana Piñon, directora legal de la ACLU de Texas. "El proyecto de ley anula principios constitucionales fundamentales y desacata la ley federal de inmigración, al tiempo que perjudica a los tejanos, pero en particular a las comunidades de color. Una y otra vez, los funcionarios electos en Texas han ignorado a sus electores y han optado en su lugar por la retórica supremacista blanca y el encarcelamiento masivo. El estado ya desperdicia miles de millones de dólares de los contribuyentes en políticas y vigilancia fronteriza fallidas que podríamos gastar en educación, mejor infraestructura y mejor atención médica. Los tejanos merecen algo mejor y necesitamos responsabilizar a los políticos de Texas hoy mismo para asegurarnos de que esta ley nunca entre en vigor”.
Mira el video de declaración de Adriana Piñon (En inglés y en español)
Defensores han advertido que la ley separará a las familias y conducirá directamente a la discriminación racial, sometiendo a miles de tejanos de color al sistema penitenciario estatal que ya está plagado de abusos contra los derechos civiles. La denuncia sostiene que la ley viola la cláusula de primacía de la Constitución de Estados Unidos. La ley pasa por alto la ley federal, ya que los jueces de Texas estarían autorizados — y en algunos casos, obligados — a ordenar la deportación de una persona independientemente de si es elegible para buscar asilo u otras protecciones humanitarias que rige la ley federal. La aplicación de la ley no se limita a las comunidades fronterizas, lo que significa que los tejanos de todo el estado estarían en riesgo de ser arrestados, encarcelados y deportados.
La legislación es la última política extremadamente antiinmigrante aprobada en el estado de Texas. A principios de mes, los legisladores aprobaron un proyecto que le otorgará al gobernador Abbott la disponibilidad de $1.5 mil millones de dólares adicionales en impuestos para que sean utilizados bajo su discreción en operaciones relacionadas con la frontera, incluyendo la financiación de un muro fronterizo y más alambres de púa y barreras flotantes en el Río Grande.
“Los esfuerzos del gobernador Abbott para evadir el sistema federal de inmigración y negar a las personas el derecho al debido procedimiento no sólo son inconstitucionales, sino que también son peligrosamente propensos a errores, y dañarán desproporcionadamente a las personas de color, independientemente de su estatus migratorio”, dijo Anand Balakrishnan, abogado superior del equipo del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Estamos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición, incluido el litigio, para evitar que esta ley atroz entre en vigor”.
Ya los defensores en Texas y en estados vecinos y fronterizos — incluyendo Arizona, Arkansas, California, Louisiana, Nuevo México y Oklahoma — emitieron una advertencia de viaje a sus residentes sobre la amenaza a las violaciones de sus derechos civiles y constitucionales que pueden sufrir viajando dentro del estado de Texas gracias a leyes como la S.B.4.
“Hemos presentado una demanda para bloquear el Proyecto de Ley 4 del senado porque tendrá un impacto devastador en las personas que buscan seguridad en nuestras fronteras y en los tejanos de todo el estado”, dijo Rochelle Garza, presidenta del Texas Civil Rights Project. “Esta ley ignora descaradamente el derecho de las personas al debido procedimiento y permitirá que las autoridades de Texas envíen directamente a familiares, amigos y seres queridos hacia el proceso de deportación. La S.B. 4 es inconstitucional: Texas no tiene el poder de implementar sus propias leyes de inmigración. No dejaremos que esto ocurra”.
Accede al video de la declaración de la directora legal de la ACLU de Texas, Adriana Piñon, en inglés y en español aquí.
CITAS DE LOS DEMANDANTES
Jennifer Babaie, directora de Defensoría y Servicios legales de Las Americas Immigrant Advocacy Center, en El Paso, Texas y Ciudad de Juárez, México y Nuevo México, dijo:
“La ley S.B.4 de Texas usa la cobertura de ley estatal para realizar un asalto ilegal y cargado de odio sobre la Constitución de los Estados Unidos, un asalto que amenaza a los derechos y el bienestar de todos los tejanos. Esta ley es intolerable. Nos rehusamos a dejar que esto pase. Como personas que vivimos y trabajamos en comunidades de inmigrantes, como tejanos que valoramos nuestros derechos y los de nuestros vecinos, es nuestro deber, y nuestro honor combatir la S.B. 4 en la corte y defenestrar su flagrante racismo.
“Las personas y comunidades a las cuales esta ley intenta apuntar son fuertes, resilientes, y se defenderán ellos mismos en sus derechos. Estamos orgullosos de defenderlas en la corte. Urgimos al gobierno federal que se sume a nuestra lucha demandando a Texas para defender a nuestras comunidades, a nuestros derechos civiles y a la constitución. Le rogamos al departamento de justicia que intervenga lo antes posible. Cualquier retraso adjudica sobre nuestras leyes migratorias, alienta la ilegalidad, somete a nuestras comunidades al racismo e interrumpe nuestro bienestar bajo la cobardía”.
Edna Yang, co-Directora Ejecutiva de American Gateways, dijo:
“Nos sumamos a esta demanda porque los oficiales policiales locales no deberían ser autorizados a que actúen como agentes aduaneros o de control fronterizo, especialmente cuando no tienen la formación necesaria o la orientación suficiente para hacerlo. Nuestro estado debería trabajar junto al gobierno federal para empujar hacia una reforma y soluciones reales que ayuden a inmigrantes que vienen a los Estados Unidos y a las comunidades que trabajan para recibirlos.
“Somos privilegiados en trabajar junto a personas tan valientes de todo el mundo que trabajan para mejorar sus vidas y las de sus familias. Seguiremos con nuestro trabajo, aún de cara a políticas tan xenófobicas, para empujar hacia reformas migratorias comprensivas”.
El comisionado David Stout dijo:
“El condado de El Paso proveyó testimonio durante las sesiones regulares y especiales, pero la legislatura eligió ignorar nuestras voces e imponer una ley costosa e inconstitucional sobre los contribuyentes locales”, dijo el Comisionado del condado de El Paso, David Stout. “No tenemos otra opción que defender a nuestras comunidades de un mandato infundado de discriminar racialmente a los residentes. La legislatura eligió la política por sobre el pueblo, haciendo que todos estemos menos seguros”.
El juez del condado Ricardo Samaniego dijo:
“La S.B. 4 crea un ambiente peligroso para el pueblo al crear la potencial por una vigilancia racial que dañará a individuos quienes no se merecen este trato por las autoridades”, dijo el juez del condado, Ricardo Samaniego. “La habilidad para discernir entre residentes, ciudadanos y migrantes resulta muy difícil dentro de una comunidad que es 80% hispana”.
“Un efecto negativo secundario es la amenaza indirecta que genera la S.B. 4 sobre nuestra economía. Bajo mi entendimiento resulta ser el mandato infundado más caro que jamás se ha impuesto sobre nuestra comunidad. Uno de los impactos colaterales de la S.B. 4 será que si el costo proyectado se termina efectuando, deberemos utilizar fondos de otras iniciativas como de infraestructura, calidad de vida y nuestra habilidad para atraer exitosamente a negocios a nuestra comunidad como ya hicimos con Meta, T.J. MAXX y Schneider Electric. Estas compañías se vieron atraídas por nuestra habilidad de crear el ambiente y la infraestructura adecuada que se veía alineada con sus objetivos futuros. Hay una alta probabilidad de que nuestros esfuerzos por atraer nuevos negocios de aquí en más se vean afectados por la S.B. 4”.
