La capturaron los agentes durante un partido de beisbol. La espiaron a través de una cámara gubernamental. Su comunidad preguntó qué pasó. La Patrulla Fronteriza presentó una versión falsa.
A fines de noviembre pasado, una mañana dominical y 12 días después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, los moradores de un pueblito ubicado al sur de Texas, La Joya, estaban inaugurando su flamante complejo deportivo extramuros. Fito Salinas, el alcalde del poblado con una sonrisa grande y bigote ordenado, organizó una barbacoa. Mientras el funcionario asaba los tacos, los varones del equipo local de beisbol jugaban en el estadio cercano al lugar.
Por desgracia, hubo una falla--los servicios sanitarios del estadio aún estaban cerrados.
Sandra Rodríguez, una joven sentada en las graderías junto con su hijo Jiovanni, de 6 años, y otros pequeños, no se preocupó. Agarró su bolsa y papel sanitario, y llevó a los niños hasta detrás de la cerca, para orinar entre los arbustos cercanos. Sandra ni idea tenía de que su corto trayecto hacia los arbustos acabaría convertido en un desastre personal y comunitario, y que pudo haber anticipado la rigurosa ejecución de operativos migratorios, incluyendo información errónea, desorientación y mentiras descaradas, situación surgida en el ámbito nacional desde la toma de posesión de Trump como presidente.
Sin embargo, fue hasta enero cuando Trump asumió su cargo como presidente, o sea, semanas después de que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Pública de Texas tergiversaron lo que le hicieron a Sandra Rodríguez en La Joya.
Todo empezó porque el esposo de Rodríguez jugaba como receptor para el equipo de beisbol de La Joya. El 20 de noviembre, su esposa le echaba porras junto con Jiovanni y otra madre de familia. Fue cuando los pequeños quisieron orinar, por lo que Rodríguez los llevó hacia los arbustos para satisfacer sus necesidades.
Caminaron más allá de la malla instalada en el complejo deportivo, una sección de terreno con árboles. Forma parte de una extensa franja ubicada hacia la parte poniente del parque deportivo, propiedad del Servicio de Fauna y Pesca de la Secretaría del Interior (conocido en inglés por sus siglas FWS). El Alcalde Salinas vio a Rodríguez cuando se dirigía rumbo a ese terreno, junto con los menores, y regresar a las graderías, pero el funcionario le dio poca importancia al hecho.
En eso, a bordo de varios vehículos, llegaron algunos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés). Después, según relataron testigos del incidente, llegaron también varios hombres vestidos de civil, se introdujeron hasta el parque y se dedicaron a observar a la gente. Eran de la Patrulla Fronteriza. Luego, se dirigieron rumbo a las graderías para interrogar a varios espectadores, entre ellos a la misma Rodríguez. Los agentes decidieron que tanto la madre como su hijo Jiovanni eran inmigrantes indocumentados y, de inmediato, se los llevaron fuera del parque rumbo a un centro de detención migratoria.
Entre los asombrados testigos estaba la hija del alcalde, Frances Salinas de León, quien se enfureció al presenciar las acciones efectuadas por los agentes. Además, traía consigo una cámara para grabar video. Bastaron unos cuantos días para que el incidente se volviera viral tanto en los medios de comunicación como en YouTube.
La comunidad apenas pudo comprender el porqué a Rodríguez se le interrogó acerca de su condición migratoria. De acuerdo con la política oficial de la Patrulla Fronteriza, ciertos lugares, tales como templos, escuelas y centros comunitarios están designados como “sitios delicados”, generalmente zonas vedadas para efectuar acciones migratorias. El complejo deportivo La Joya está incluido en tal lista, según lo reconoció el año pasado el jefe del sector de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande, Manuel “Manny” Padilla. La indignación creció en cuanto se difundieron las noticias sobre lo sucedido.
El 22 de noviembre, dos días después del incidente, la Patrulla Fronteriza del sector emitió un comunicado, donde declaró que los agentes interrogaron a Rodríguez porque la vieron, tanto a ella como a varios menores, caminar desde la maleza ubicada, según citas textuales del comunicado, “junto al” Río Grande.
El Río Grande divide a Texas y México. Yace a milla y media de distancia al sur del estadio deportivo. Esa longitud quizá les parezca demasiado corta a los habitantes del interior de Estados Unidos. Pero a lo largo y ancho de la frontera en Texas, las personas viven en forma normal justo a milla y media de distancia desde México: habitan, trabajan, estudian, efectúan sus compras y practican deportes en esa región.
No obstante, según el cuadro trazado por el comunicado de la Patrulla Fronteriza señalaba que Sandra Rodríguez estaba cerca de las aguas del Río Grande. Aunque en esa declaración escrita sí se reconoce cómo Rodríguez afirmó que sólo buscaba un lugar dónde satisfacer sus necesidades fisiológicas, ello implicaba que la Patrulla Fronteriza tenía fundado motivo para sospechar que ella había cruzado ilegalmente la frontera internacional el día de la inauguración del estadio y que luego trató de ocultarse entre los asistentes a la apertura de ese complejo deportivo.
Imágenes adqueridas por la ACLU de Texas, por una pedida de recordes abiertas, muestran que Sandra Rodríguez y los niños fueron exactamente donde ella dijo: unos pies del parque de beisbol.
Sin embargo, según el Alcalde Salinas, durante una junta privada celebrada el 28 de noviembre entre el mismo alcalde y Padilla, el jefe de la Patrulla Fronteriza del sector, el jefe nunca sostuvo esa versión de “junto al” río. Por el contrario, mencionó Salinas, Padilla se disculpó por incursionar en el parque durante un partido de beisbol, pero ahora sustituyó la versión “junto al río” por otra afirmación: a Rodríguez la detectaron cruzando las vías del tren, ubicadas mucho más cerca al estadio que al Río Grande, pero lo suficientemente lejos como para despertar las sospechas de la Patrulla Fronteriza.
Para fortalecer su versión corregida, dijo Salinas, Padilla difundió una imagen fotográfica de Rodríguez y los niños. “Me dijo cómo se veía cuando la joven cruzó las vías de sur a norte”, explicó Salinas. Al examinar la imagen, sin embargo, Salinas reconoció esos alrededores como la zona norte de las vías ferroviarias, justo en la propiedad del Departamento de Fauna y Pesca, adjunto al estadio de beisbol.
Representantes del ACLU en Texas preguntaron al FWS si la Patrulla Fronteriza opera una cámara de video en el terreno donde Rodríguez llevó a los niños para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Beth Ullenberg, vocera de la oficina nacional en Albuquerque, dijo que, el año pasado, el FWS expidió un permiso a la Patrulla Fronteriza para operar la cámara.
Mediante innumerables mensajes emitidos vía correo electrónico y por teléfono, la ACLU de Texas le preguntó al Jefe Padilla y al departamento de prensa de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle Río Grande si la corporación operaba una cámara de video cerca del estadio de beisbol en La Joya, y por qué. No hubo respuesta alguna.
Pero el video grabado por Salinas de León, la hija del alcalde, sugiere qe la Patrulla Fronteriza inmediatamente reconoció qu la cámara era un problema. En esa grabación, se escucha hablando en español a Clarence Catchings, uno de los agentes de la Patrulla Fronteriza quienes aprehendieron a Sandra Rodríguez y a su hijo. El volumen de la grabación es bajo, pero escuchando con audífonos, se oye sus palabras claramente.
“Si aquí hay otros indocumentados”, Catchings dice, “deben alejarse de ahí” y, al hablar, señala hacia un terreno cercano.
Nancy Villarreal, sobrina de Sandra Rodríguez, posee una tarjeta de presentación de Catchings. Dice que el agente se la dio mientras se disculpaba por detener a Rodríguez, calificando de error esa acción. Pero Catchings no precisamente se disculpó por el hecho de que, si una cámara está ubicada en las inmediaciones del estadio de beisbol, muchos otros miembros de la comunidad un elevado riesgo de deambular hacia una zona de vigilancia y desencadenar otras “equivocaciones”.
Aun así, la Patrulla Fronteriza jamás ha revelado públicamente la existencia de una cámara.
Tampoco la reveló DPS, hasta que ACLU de Texas pidió documentos describiendo el papel de DPS en la detención de Sandra Rodriguez. En respuesta obtuvimos correos electrónicos escritos horas después del incidente, por tres agentes del DPS a sus superiores. Los correos electrónicos describen cómo respondieron a las imágenes de la cámara, deteniendo a Sandra Rodriguez y su niño, luego uero al parque para investigar. Entonces ACLU solicito las imágenes. Una ez que las obtuvo, comparó los detalles de las imágenes con una inspección propia del area cercana al parque. Los detalles corresonden.
Resulta que la cámara que tomó las imágenes no operaba solament para la Patrulla Fronteriza. El DPS también es corresponsable.
DPS tradicionalmente han movilizado a sus agentes rumbo a las autopistas texanas para ejecutar las leyes de tránsito. Pero durante los últimos años, DPS ha inundado la frontera con agentes –y con un proyecto de vigilancia llamado Operativo Drawbridge (Puente Levadizo), donde se utilizan cámaras comunes y corrientes, justo la clase de artefactos utilizados por los naturalistas y cazadores para grabar a los venados y jabalíes. La cámara es chica, puede estar camuflada y se activa mediante el calor corporal de los animales del lugar o de humanos. Toman una imagen cada 60 segundos. Luego las imágenes se envían a Austin, y después se regresan al DPS local para la investigación de campo —y también a los agentes de la Patrulla Fronteriza. Según los correos electrónicos emitidos por el DPS, una cámara de Operativo Drawbridge originó el incidente acontecido en La Joya.
La cámara de Drawbrige en La Joya parece haber sido el mismo artefacto cuya instalación y funcionamiento fueron autorizados por el Servicio de Fauna y Pesca (FWS por sus siglas en inglés). Beth Ullenberger, la vocera de esa dependencia, especuló que la Patrulla Fronteriza está compartiendo una cámaa también con el Operativo Drawbridge, de la DPS. “DPS y la Patrulla Fronteriza colaboran en conjunto y, en este momento, hay un gran intercambio entre ellos”, dijo. (FWS además accedió a instalar y dar mantenimiento a las cámaras Drawbridge para el DPS. Lo han hecho por ejemplo en el Refugio Santa Ana de Wildlife, aproximadamente 15 millas el este de La Joya, según un acuerdo entre el DPS y FWS, obtenido por la ACLU de Texas en respuesta a una solicitud para información.)
Se le preguntó al DPS si la agencia compartía la cámara con la Patrulla Fronteriza en La Joya. El vocero del DPS Tom Vinger respondió que “Por seguridad de los agente y operacional (esto es, para evitar revelar la localización de cámaras a contrabandistas de drogas o personas), no decimos la localización de las cámaras.” Agregó que el DPS destacó el imagen como sospecho pero le dejó la investigación a la Patrulla Fronteriza. La colocación de las cámaras del DPS en áreas en donde hay gente compretida con actividades dentro de la ley, justificó Vinger, es apropiada porque “los contrabandistas de drogas y personas pueden aparacer casi en cualquier lugar.”
A principios del año pasado, el periódico El Paso Times publicó que el Operativo Drawbridge estaba “a punto de incrementarse masivamente”. Hasta diciembre del año pasado, según DPS, había 4103 cámaras a lo largo y ancho de la frontera de Texas con México. Actualmente DPS está pidiendo más de $1 billón de dolares por seguridad fronteriza durante dos años, empezando con 2018. Esta cantidad es ochos veces más que el presupuesto de 2010, sin embargo hay poca cuantificación para evidenciar más seguridad fronteriza. No obstante, la pedida de $1 billón incluye dinero para abastecer 5000 cámaras adicionales, incluso artefactos como el que fue escondido justo por el parque en La Joya, que grabó los niños y Sandra Rodriguez.
Entonces ¿por qué le dijo la Patrulla Fronteriza al público que ella había estado “justo por el río? ¿Acaso el incidente ocurrido en La Joya fue un foco rojo para advertir de sucesos similares acaecidos en otras regiones del país?
En febrero, en el Estado de Washington, un joven residente legal en Estados Unidos con base en el programa DACA fue aprehendido durante un operativo cuyo propósito original era detener al indocumentado padre de ese joven. En medio de expresiones de preocupación, surgidas en el ámbito nacional, el Departamento de Ejecución de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) justificó la detención del muchacho al declarar ante la prensa que el joven había confesado pertenecer a una pandilla. Luego afloró que el ICE había eliminado palabras de una declaración emitida por el detenido, factor que cambió sustancialmente el significado. En la declaración original, el joven negó pertenecer a pandilla alguna.
En El Paso, también en febrero, agentes del ICE ingresaron a un tribunal donde una mujer estaba a punto de participar en una diligencia judicial para obtener protección en contra de violencia intrafamiliar. Dentro de la Corte, los agentes sujetaron a la mujer, aunque luego aseguraron haberla enfrentado en el exterior del inmueble, en la calle. Tales afirmaciones fueron rotundamente desacreditadas posteriormente por declaraciones de testigos y videos de la detención.
Con lo sucedido en noviembre del 2016 en La Joya, uno se pregunta si tales prácticas surgieron luego de la elección de Trump como presidente, pero antes de su asunción al cargo. Este incidente sugiere también que en comunidades aisladas, sin atención de la prensa, los inmigrantes ya están en peligro inminente de ser detenidos, aun cuando los ejecutores de la ley migratoria inventen algunos hechos y oculten otros, con escaso o nulo escrutinio de los medios de comunicación.
Durante una junta efectuada con luchadores sociales y defensores de los derechos de los inmigrantes, un mes después de lo ocurrido en la Joya, Padilla calificó como desafortunado el arresto de Rodríguez, pero agregó que la “ruta” donde vieron a la mujer “se utiliza para contrabando de personas y de drogas” y que “algunos se aprovechan de los eventos comunitarios”. Añadió que incidentes tales como los sucedidos en La Joya suceden muy rara vez, y trató de tranquilizar al público. “No debe haber temor alguno de acudir a un parque o centro comunitario”, expresó.
Pero sí hay miedo y ese temor ha creado estragos en la comunidad beisbolera. El 97 por ciento de los habitantes de La Joya son de origen latino, casi todos ellos de ascendencia mexicana en un condado donde cerca de uno de cada diez pobladores es indocumentado. Según un beisbolista local con quien hablaron los de ACLU, los jugadores, desde el incidente, temen que ellos, sus familias y amistades sean capturados en el estadio y deportados. Han transcurrido ya cuatro meses desde que Rodríguez y su hijo fueron detenidos en las graderías. Desde entonces, el temor de la comunidad se ha intensificado luego de la asunción de Donald Trump como presidente y sus órdenes presidenciales en inmigración. Actualmente, los partidos de beisbol se cancelan frecuentemente en virtud de que muchos de los jugadores faltan a los juegos.
El temor también se ha intensificado en Sandra Rodríguez.
Su familia y ella han vivido en el sur de Texas desde hace seis años. Emigraron desde México sin los documentos apropiados, relató el marido de Rodríguez, para huir de la violencia vinculada al narcotráfico donde algunos primos estaban involucrados. Temieron que, a menos que escaparan desde México, ellos y sus hijos serían asesinados por venganza.
Después de ser detenidos en el estadio de beisbol, Rodríguez y su hijo permanecieron internados 27 horas en un centro de detención. Durante ese lapso, la madre firmó algunos documentos. Pero en su calidad de analfabeta, no supo qué contenían esos documentos. Luego de dormir en el helado suelo, con cobijas de plástico y sin almohadas, Jiovanni y ella fueron liberados el día siguiente. Ni siquiera les dieron escritos o algún citatorio para comparecer ante un juez migratorio. Según Rodríguez, únicamente se fueron con las palabras de mal agüero que les expresó un agente: “dejaremos que tu hijo concluya la escuela en mayo”.
Rodríguez carece de documentos o de un abogado. Sólo le queda el recuerdo de una mañana en el parque deportivo de beisbol, en un pueblito localizado al sur de Texas, que comenzó muy luminosa y acabó en la oscuridad. Esos recuerdos y un tremendo temor.
