Los aproximadamente 15 millones de residentes de la zona de la frontera sudoeste viven sujetos a la presencia masiva de policía federal y a un control extensivo: el zumbido constante de los helicópteros del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sobre sus cabezas; la información de residentes recogida por las cámaras de seguridad, drones, lectores de patentes y dirigibles, y los vehículos de la Patrulla Fronteriza deambulando por sus barrios y haciéndoles preguntas en los puntos de control interiores. Todo esto implica un gran costo para los contribuyentes de impuestos estadounidenses, mientras que no brinda mayor seguridad.
Un cambio sustantivo de nuestra política fronteriza para restaurar los derechos y libertades civiles de las comunidades fronterizas sería terminar con los muros, la militarización dispendiosa, la tecnología de control invasivo, y las tareas de policía de la Patrulla Fronteriza (el brazo de policía del CBP) en comunidades estadounidenses.
La Patrulla Fronteriza no solamente ejecutó las políticas de frontera más crueles del gobierno de Trump, desde la separación familiar hasta un sistema de detención inhumano y peligroso, sino que la agencia también expandió el exceso de policía y militarización de las comunidades fronterizas. Revertir los abusos de Trump no es suficiente. El próximo gobierno debe poner límites firmes a esta agencia deshonesta.
Las tácticas violentas del CBP causan encasillamiento racial, daños, y muertes. Las persecuciones en vehículos de la Patrulla Fronteriza aumentaron bajo el gobierno de Trump, con un mínimo de 250 personas heridas, un aumento del 42 por ciento, y 22 personas muertas. A pesar de la existencia de límites legales claros, la Patrulla Fronteriza normalmente incumple las protecciones constitucionales contra clasificaciones raciales, y a menudo brinda pretextos endebles para parar o inspeccionar a miembros de las comunidades negras y latinas. Los materiales de formación de la Patrulla Fronteriza llegan a afirmar que el hecho de que un automóvil vaya demasiado bajo o alto, o que alguien haga demasiado contacto visual o no lo haga en forma suficiente, pueden justificar parar a una persona. El CBP maneja más de 40 puntos de control interiores permanentes que impiden a las comunidades fronterizas acceder a servicios esenciales, los cuales incluyen atención de salud durante la pandemia, y limitan la libertad de movimiento.
En consecuencia, se para o interroga frecuentemente sin ningún motivo a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, turistas y otros, tanto cerca como lejos de la frontera, como cuando un agente de la Patrulla Fronteriza interrogó a dos ciudadanos estadounidenses por hablar español en una tienda de Montana. Nosotros presentamos una demanda y, en el curso del litigio, los agentes del CBP admitieron perfiles discriminatorios contra mexicanos.
El gobierno de Trump también inundó a la región con agentes de la Patrulla Fronteriza y, de manera nunca antes vista, asignó activos de personal y vigilancia del CBP para controlar las protestas de “Las Vidas Negras Importan” en ciudades de todo el país. El exceso de policía y la militarización por parte del personal de inmigración en las comunidades fronterizas y del interior se encuentra arraigada en la historia de nuestra nación de exceso de policía contra personas Negras, y debe terminar.
El presidente electo Biden afirmó que: “La frontera entre México y los Estados Unidos no debería tratarse como una zona de guerra.” Para reforzar ese compromiso, el gobierno de Biden debería emitir una orden ejecutiva que ordene que el CBP cumpla con los estándares de la Cuarta Enmienda contra inspecciones e incautaciones irrazonables en todo el territorio de los Estados Unidos, el cual incluye a las zonas fronterizas, y que ordene que el fiscal general de los Estados Unidos realice todas las investigaciones necesarias para evaluar acciones que hagan que la política y prácticas del CBP cumplan con dichos estándares. Deberían eliminarse los puntos de control interior permanentes, y el número de agentes de la Patrulla Fronteriza debería reducirse inmediatamente en un 50 por ciento.
Biden también debe abordar una infraestructura fronteriza destructiva que ha militarizado más a la región, malgastado impuestos, e incumplido la ley. Mediante afectaciones de dinero ilegales, el gobierno de Trump financió la construcción de más de 300 millas de un muro de frontera no autorizado, con lo cual se devastaron ecosistemas sensibles, se dañaron comunidades y personas migrantes debieron dirigirse a regiones con mayor peligro de muerte. No solamente debería cesar inmediatamente la construcción de un muro, sino que el gobierno de Biden debería evaluar cómo desmantelar los muros existentes en consulta con expertos en medio ambiente y en comunidades tribales y de frontera, y debería quitar rápidamente el muro de frontera construido en forma ilegal.
El gobierno de Trump también desplegó en la frontera, a través de múltiples operaciones, más de 16,000 empleados y personal del Departamento de Defensa. Su gobierno emitió varios memorandos y directivas que expandieron el uso permitido de lineamientos de fuerza para personal militar en la frontera, lo cual incluyó la autorización de usar fuerza letal en ciertas circunstancias. Ciertos generales militares retirados calificaron a estos despliegues de fuerza como “peligrosos” y “dispendiosos” y el mismo sindicato de la Patrulla Fronteriza los describió como una “pérdida de tiempo colosal.” Se deberían retirar las tropas de la frontera y no deberían desplegarse nuevamente, y no se debe expandir continuamente el nivel de vigilancia al que se somete a esta región.
La tecnología de vigilancia, justificada como medio de seguridad en la frontera, frecuentemente se expande en las comunidades de frontera, degradando los derechos de privacidad de todos los residentes. Un estudio reciente encontró 230 instancias de uso de tecnologías avanzadas por parte de policía local en comunidades de la frontera. El CBP también maneja una fuerza aérea de drones, aviones y helicópteros equivalente a la totalidad de la fuerza aérea de combate de Brasil, aunque los drones son responsables de solamente el 0,5 por ciento de las detenciones en la frontera. Es más usual que los drones se presten a otras agencias de policía, inclusive durante las recientes protestas relativas al asesinato de George Floyd. El CBP debe abandonar el uso de drones.
El gobierno de Trump ha empezado a desplegar cientos de torres de vigilancia móviles para que se las instale a lo largo de la frontera durante los próximos cinco años, las cuales se suman a la red de cámaras que ya existen en la región. Esto sucede a pesar de que el CBP gastó USD 1,000 millones en su último intento fallido de crear una “valla virtual de frontera.” Estos esfuerzos no se realizan con ninguna de las protecciones de privacidad necesarias, y los agujeros en tierras sensibles realizados con torres de vigilancia móviles no respetan al medio ambiente ni a las comunidades de frontera.
Las tecnologías invasivas de vigilancia no son una alternativa viable a las barreras de frontera físicas si no se implementan protecciones de privacidad estrictas. Otros dispositivos de vigilancia masiva, como dirigibles atados y torres de vigilancia, nunca se deben usar para monitoreo de comunidades de frontera u otras áreas interiores de los Estados Unidos.
El presidente electo Biden se comprometió a “asegurar que nuestros valores estén directamente en el núcleo de nuestras políticas de inmigración y policía.” Una política inteligente de frontera que restaure los derechos y libertades civiles de las comunidades de frontera y sostenga nuestros valores requiere la erradicación de muros, militarización dispendiosa, y vigilancia invasiva, así como de las tareas de policía de la Patrulla Fronteriza en las comunidades de los Estados Unidos.
